A pesar de que este derecho figura en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por 27 Estados miembros del Consejo de Europa y firmado por otros 18, Hammarberg señaló que "no es una realidad hoy en día en la mayoría de los Estados europeos".
"El principio del sufragio universal no se aplica sistemáticamente. A las personas con problemas de salud mental o discapacidad intelectual se les niega el derecho a voto, en la mayoría de los casos como consecuencia de haber tenido restringida o eliminada su 'capacidad jurídica'", apuntó.
Hammarberg recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce que las personas con discapacidad "tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás en todos los aspectos de la vida".
Recalcó como buenas prácticas que, según una encuesta de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, los derechos de las personas con enfermedad mental y discapacidad intelectual están protegidos constitucionalmente en países como Austria, Holanda y Suecia.
"Como se explicaba en el Plan de Acción de la Discapacidad del Consejo de Europa, nuestras sociedades deben reflejar la diversidad de sus ciudadanos y beneficiarse de su variada experiencia y el conocimiento. Ésta es otra razón de por qué es importante que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos de votar y de participar en la vida política", apostilló.
